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Las peticiones se podrán solicitar por cualquier ciudadano u organismo público o privado, incluídas las administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales, para poner de relieve vulneración de derechos amparados por la Constitución Europea ratificada en Portugal o Convenios Internacionales suscritos por Estados Miembros.
El planteamiento básico para la petición, es que sean problemas denominados extrafronterizos, es decir, que afecten a ciudadanos de más de un estado miembro de la CEE y de este modo sea competencia europea.
La solicitud tendrá un coste mínimo de dos mil euros, excluyendo los gastos de viaje y dietas, si se quisiera presentar directamente en Bruselas y Estrasburgo.
